Apoyando a las familias indocumentadas durante COVID-19

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¿Cómo se puede controlar la pandemia de COVID-19 y cómo podemos mitigar el daño que está causando para volver a algún tipo de normalidad? Es la pregunta que se hacen todos en el gobierno federal mientras trabajan para implementar la Ley CARES (por su acrónimo en inglés—el tercer paquete de ayuda de emergencia en respuesta a COVID-19) y consideran lo que debe incluir un paquete de “Fase 4”.

Ahora imagine que está lidiando con esta crisis mientras el trabajo le paga un salario mínimo sin acceso a un seguro de salud, o pierde su trabajo porque no se considera esencial y no es trabajo que puede hacer desde su hogar, y además no puede acceder al seguro de desempleo. O imagine que continúa trabajando en su sector de servicios o trabajo de atención médica porque es un empleado esencial, se enferma y contagia a los miembros de su familia, pierde su trabajo porque no puede trabajar y no tiene acceso al seguro de desempleo, y como si esto fuera poco, es el proveedor principal de su familia. Además, no sabe a dónde acudir, le tiene miedo al gobierno federal que ha amenazado con detenerlo y deportarlo, y sabe que, aunque el gobierno aprobó leyes para ayudar a las personas, nada de esa ayuda se extiende a usted o su familia.

A medida que la propagación comunitaria del virus pasa factura, está devastando los vecindarios de la clase trabajadora. En la ciudad de Nueva York, los vecindarios con un alto número de residentes Afroamericanos y Latinos han sido los más afectados, incluidos los enclaves de inmigrantes de Central Queens. Cuando los datos se desglosan por raza y etnia, muestra claramente que COVID-19 está teniendo un impacto dispar en las comunidades Afroamericanas y Latinas, no solo en Nueva York, sino en varios estados, incluidos Louisiana, Michigan, Carolina del Norte, e Illinois.

Desafortunadamente, parece que, para el gobierno federal, mitigar el impacto de esta pandemia en las familias indocumentadas o cuyos miembros tienen una situación migratoria distinta, no es de suma importancia. Se estima que hay once millones de inmigrantes indocumentados en este país. Representan alrededor del 5 por ciento de los trabajadores o uno de cada veinte trabajadores, y están representados de manera desproporcionada en el trabajo que el gobierno considera esencial en esta crisis, incluyendo las ocupaciones en la agricultura, la preparación de alimentos, y el procesamiento de alimentos. Si estamos realmente preocupados por la salud pública del país, es necesario incluir a las personas indocumentadas en el paquete de asistencia social.

Recomendaciones para ampliar la ayuda a las personas indocumentadas (y sus familias) durante COVID-19

Todos estamos preocupados por nuestro futuro dada la incertidumbre que rodea el momento actual. Algunas de las deficiencias que existían en el cuidado de partes de la población especialmente vulnerables a esta crisis se abordaron en la Ley CARES, como la asistencia por desempleo para ayudar a los trabajadores a lidiar con las dificultades económicas y el aumento de la financiación médica para detectar y tratar el virus. Desafortunadamente, mientras que el tercer paquete de emergencia promovido por la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue inclusivo de las familias indocumentadas y las familias con miembros de distinta situación migratoria, esas disposiciones no entraron en la ley CARES. Por estas familias, en particular, se hizo muy poco.

Muchos legisladores saben que estas exclusiones son inaceptables, como lo demuestra la introducción del acta Protección para Familias Inmigrantes del Coronavirus (PFIC) el tres de abril de 2020. El acta fue presentado en la Cámara de Representantes por los Representantes Raúl M. Grijalva (D-CA), Judy Chu ( D-CA), y Lou Correa (D-CA); y por los senadores Mazie Hirono (D-HI) y Kamala Harris (D-CA) en el Senado. El acta exige medidas importantes que abordan la exclusión de muchas familias inmigrantes en la Ley CARES, que incluyen: aumentar el acceso a la atención relacionada con COVID-19 para todos al asignar $100 millones a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para subvenciones para mejorar el acceso al idioma y el alcance público alrededor de COVID-19 en comunidades de inmigrantes; expandir la cobertura de Medicaid para los servicios relacionados con COVID-19, incluidas las pruebas, el tratamiento y las vacunas para todos, independientemente de su estado migratorio; permitir a los inmigrantes acceder a fondos de ayuda con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN); y la modificación de las políticas actuales de inmigración que disuaden a los inmigrantes para solicitar atención médica, incluyendo la suspensión de la aplicación de la regla de carga pública y la suspensión de las acciones de control migratorio en ruta a lugares delicados a lo largo de la emergencia COVID-19 y durante sesenta días después. El trece de abril de 2020, se introdujo la legislación Federal de Liberación de Inmigrantes para la Seguridad Unida (FIRST, por su acrónimo en inglés) por el senador Cory Booker (D-NJ) y la congresista Pramila Jayapal (D-WA). El proyecto de ley exige la liberación de ciertas personas de los centros de detención, una revisión de los archivos de inmigración restantes para determinar si las personas que no están cubiertas por las definiciones proporcionadas deben continuar detenidas, una limitación en la aplicación de la ley interior, el acceso a productos higiénicos y comunicaciones telefónicas y de video, y un proceso de retención de individuos después de que la emergencia nacional relacionada con COVID-19 haya terminado.

Las aprobaciones de estos proyectos de ley serían importantes pasos adelante para priorizar verdaderamente nuestro bienestar colectivo. Aquí se explica por qué cada medida es crítica, y algunos pasos adicionales que se deben tomar para apoyar a las comunidades inmigrantes.

La necesidad de aumentar el acceso a la atención médica relacionada con COVID-19 para todos, independientemente del estatus migratorio

Debido a que los inmigrantes indocumentados necesitan continuar trabajando dado el tipo de trabajo que realizan, es probable que muchos de ellos se topen con el virus. Sin embargo, hasta la fecha, muchos inmigrantes no pueden acceder a las pruebas y a el tratamiento, a pesar del impacto que tendrá en ellos y en nuestra comunidad.

Cobertura de Medicaid para el tratamiento de COVID-19

Actualmente, solo el seguro privado debe cubrir el costo del tratamiento para COVID-19. Sin embargo, la aprobación de PFIC federal garantizaría que Medicaid haga lo mismo, al clasificar COVID-19 como una condición médica de emergencia. Esto significa que las personas sin seguro, incluidos los inmigrantes indocumentados—el 45 por ciento de los cuales no tienen seguro—tendrían acceso a Medicaid de emergencia para ayudar a cubrir el costo de las pruebas, la evaluación y el tratamiento del coronavirus. El acceso al seguro de salud en este momento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y los hospitales deben saber que recibirán un reembolso por la atención que brindan, para disminuir la probabilidad de rechazar a las personas.

Si el gobierno federal no toma la iniciativa al aprobar la legislación Protección para Familias Inmigrantes del Coronavirus, los estados pueden tomar medidas siguiendo la iniciativa de Nueva York, donde la orientación del departamento de salud del estado garantiza que los residentes indocumentados de Nueva York estén cubiertos para la atención relacionada con COVID-19 por Medicaid de emergencia. Los gobernadores no deben dudar en demostrar que se preocupan por la salud pública de su estado emitiendo una guía actualizada de Medicaid que permita a cualquier persona, independientemente de su estado migratorio, ser elegible para la prueba y el tratamiento de COVID-19.

Subvenciones administradas por los CDC para mejorar el acceso al idioma y la divulgación pública

Para responder adecuadamente a la pandemia en los Estados Unidos, se requiere una respuesta gubernamental estructural que incluya que todos estén suficientemente informados sobre las medidas que pueden tomar para protegerse y proteger a las personas con las que entran en contacto. Esta es una gran empresa dada la rápida evolución del conocimiento sobre COVID-19 y la gran diversidad de los Estados Unidos. La asignación de fondos a los CDC para garantizar una divulgación pública adecuada y rápida en múltiples idiomas y formatos garantizará que el dominio del idioma inglés, el acceso a la tecnología e Internet, o la geografía no creen barreras para el acceso a la información. La legislación Protección para Familias Inmigrantes del Coronavirus garantizaría que los materiales relacionados con COVID-19 se traduzcan a doce idiomas adicionales descritos en el plan de acceso de idiomas de FEMA. Se incluyen árabe, chino, francés, haitiano, hindi, japonés, coreano, ruso, español, tagalo, urdu, y vietnamita. Los recursos en estas traducciones estarán disponibles al público dentro de una semana después de ser publicados en inglés. La ley también exige establecer una línea directa informativa disponible para el público en todos los idiomas descritos en el plan de FEMA.

La necesidad de aumentar el acceso a la ayuda económica relacionada con COVID-19 para todos, independientemente del estado migratorio

Las personas indocumentadas aportan generosamente en la economía de los Estados Unidos, incluido el pago de impuestos para apoyar la red de seguridad social. Contribuyen a los fondos del Seguro Social y Medicare, ayudando a garantizar que nuestra población de personas mayores vulnerables sea atendida, incluso cuando ellos mismos están excluidos de la mayoría de los programas de beneficios federales. Muchos inmigrantes indocumentados, así como otros “extranjeros no residentes y residentes“, pagan sus impuestos con el número de identificación de contribuyente individual (ITIN). Según datos del servicio de ingresos internos, 4.4 millones de contribuyentes de ITIN pagaron $ 23.6 mil millones en impuestos totales en 2015, y más de $ 5.5 mil millones en impuestos de nómina y Medicare solamente. Y sin embargo, la Ley CARES excluyó a las personas indocumentadas de cualquier apoyo económico que se brinda a otros:

• Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para el seguro de desempleo (UI), para lo cual la Ley CARES proporciona una expansión generosa (y crítica).
• No son elegibles para el nuevo programa de Asistencia de desempleo pandémico (PUA) creado por la Ley CARES, destinado a llenar algunas de las lagunas en el seguro de desempleo mediante el apoyo a los trabajadores independientes.
• No son elegibles para el pago directo en efectivo de $ 1,200 a individuos, otro nuevo programa. Estas exclusiones de los pagos directos se aplican incluso si un inmigrante paga sus impuestos usando un ITIN. Además, estas exclusiones se aplican a los ciudadanos estadounidenses que tienen miembros en su hogar (incluidos los niños) y/o están casados con personas que no tienen número de seguro social, aun si pagaron sus impuestos. Esto podría prohibir que aproximadamente 16.7 millones de personas que viven en hogares cuyos miembros tienen distinta situación migratoria, incluidos ocho millones de ciudadanos estadounidenses, 5.9 millones que son niños, accedan a sus pagos.

Es inaceptable que el Congreso permita que la crisis de COVID-19 agrave aún más las desigualdades sociales y las disparidades de salud pública al excluir a cualquier familia de recibir la asistencia que necesitan para garantizar que tengan un refugio seguro y limpio y alimentos. La legislación Protección para Familias Inmigrantes del Coronavirus aborda esto asegurando que cualquier adulto que haya presentado sus impuestos, ya sea con un ITIN o un número de seguro social, sea incluido en el pago directo en efectivo de $1,200. Estas personas son contribuyentes que ayudan a mantener una red de seguridad en los Estados Unidos como cualquier otro contribuyente, y como todos los demás, deben recibir apoyo en este momento de crisis sin precedentes.

La necesidad de retrasar o modificar otras políticas de inmigración

Los efectos de la pandemia de COVID-19 en la población inmigrante han empeorado dramáticamente por las políticas de inmigración dañinas de la administración Trump. Las siguientes políticas en PFIC no resolverán permanentemente esos problemas, pero proporcionarán mitigar la situación durante esta crisis.

Suspensión de la regla de carga pública

El servicio de aduanas e inmigracion de los Estados Unidos (USCIS, por su acrónimo en inglés) ha declarado que cualquier prueba, tratamiento o atención preventiva relacionada con COVID-19 no pone en peligro a nadie que busque ajustar su estado migratorio porque no contará como una determinación de inadmisibilidad de carga pública. Dicho esto, es importante no combinar la política de USCIS con una mayor accesibilidad o apoyo para los inmigrantes indocumentados que buscan pruebas y tratamiento para COVID-19. Los inmigrantes indocumentados ya eran inelegibles para los beneficios a los que se aplica la carga pública. Además, el efecto escalofriante de la regla de carga pública, que entró en vigencia a fines de febrero, ha provocado que muchos inmigrantes se retiren de los programas de redes de seguridad a los que ellos o sus hijos podían acceder legalmente. Por lo tanto, un anuncio del USCIS con respecto a las determinaciones de la carga pública no es suficiente para abordar el temor real que los inmigrantes indocumentados pueden enfrentar cuando buscan atención para COVID-19. Si el Congreso realmente se preocupa por garantizar que todos los que necesitan atención médica para abordar COVID-19 puedan hacerlo, debería eliminar la confusión existente para muchas familias inmigrantes al suspender inmediatamente la regla de carga pública durante toda la emergencia de COVID-19.

Suspensión de arrestos de inmigración en y en ruta a lugares delicados, incluso cuando los inmigrantes buscan atención médica

La gente debe también no tener miedo de que serán detenidos por Inmigración y Aduanas (ICE, por su acrónimo en inglés) mientras buscan atención. Si bien ya existe orientación de ICE con respecto a lugares delicados, esto no siempre ha sido honrado bajo la administración Trump. Es importante que el Congreso se involucre en aumentar la sensación de seguridad para los inmigrantes indocumentados durante esta pandemia. La legislación Protección para Familias Inmigrantes del Coronavirus no solo prohíbe que el Secretario de Seguridad Nacional lleve a cabo acciones de cumplimiento contra personas en lugares delicados establecidas sin una orden judicial, sino que también amplía la definición de lugares delicados a incluir ubicaciones que brindan servicios de emergencia, oficinas de asistencia pública, y empresas que brindan servicios esenciales como supermercados y farmacias, entre otros.

Extensión de estatus migratorio y autorización de empleo

La legislación también pide al secretario de seguridad nacional que extienda automáticamente el estado de inmigración y la autorización de trabajo de cualquier persona cuyo estado de inmigración se expire dentro de los treinta días antes de la promulgación de la ley, o dentro de un año después de la promulgación o noventa días después de que la emergencia nacional de COVID-19 sea rescindida. Las extensiones otorgadas coincidirían con la cantidad de tiempo por la cual se otorgó inicialmente el estado migratorio y la autorización de trabajo. Esta medida significa que ningún inmigrante adicional, incluidos aquellos con acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por su acrónimo en inglés) o estado de protección temporal (TPS, por su acrónimo en inglés), perderían su estado en medio de la emergencia COVID-19, perdiendo así sus permisos de trabajo y corriendo el riesgo de ser deportados. Dicha acción reconoce el papel integral de los inmigrantes en la respuesta a COVID-19, y permitiría a los aproximadamente 700,000 receptores de DACA y 411,000 ciudadanos extranjeros con TPS cierta seguridad que pueden continuar manteniendo a sus familias y apoyando a sus comunidades.

Reducir al mínimo las poblaciones que se encuentran en los peligrosos centros de detención de ICE

El secretario de seguridad nacional no ha impedido que ICE continúe arrestando y deteniendo a inmigrantes indocumentados, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene condiciones antihigiénicas y sobrepoblación en los centros de detención que costaron vidas antes de COVID-19, condiciones que son ahora especialmente peligrosas a causa de la pandemia. En medio de esta crisis de salud pública, las acciones del DHS están poniendo en peligro nuestro bienestar público. Los inmigrantes indocumentados, como todos los demás, deben poder buscar atención médica cuando la necesitan y mantener las recomendaciones de distanciamiento social e higiene establecidas por los Centros para el Control de Enfermedades. No se debe poner en riesgo la vida de nadie debido a su estado migratorio. La legislación FIRST busca implementar las siguientes medidas para proteger vidas:

• Limitar la aplicación de la ley de inmigración en el interior que arresta y detiene a personas durante este período. DHS ha detenido algunas medidas de inmigración, pero continúa arrestando y deteniendo a personas que están sujetas a detención obligatoria debido a condenas penales, lo que afecta irresponsablemente a la salud pública al sobre poblar los centros de detención. Continúa deportando personas, lo que, únicamente desde un punto de vista de salud pública, contribuye de manera irresponsable a la posible propagación de la enfermedad en otros países.
• Liberar a tantas personas como sea posible de la detención de ICE, especialmente las poblaciones vulnerables, a patrocinadores familiares y comunitarios. Debido a que el DHS no ha podido detener la propagación de enfermedades dentro de los centros de detención en el pasado y la cantidad de empleados del DHS que resultaron positivos con el virus COVID-19 o pudieron haber estado expuestos, no se debe confiar en la agencia la vida de ningún inmigrante detenido durante nuestra crisis inmediata de salud pública. Para los inmigrantes que permanecen en centros de detención, es necesaria una supervisión rigurosa para garantizar la implementación humanitaria del protocolo de los CDC para prevenir COVID-19 de inmediato y para proteger vidas.

La legislación debe ir más allá para garantizar:

Financiamiento adicional para centros de salud comunitarios

Los Centros de Salud Comunitarios (CHC, por su acrónimo en inglés) son centros de atención médica importantes a los que las poblaciones vulnerables deberían sentirse cómodas para continuar acudiendo, especialmente si el gobierno federal no avanza en la ampliación de la elegibilidad para Medicaid a cualquier persona que busque tratamiento para COVID-19. Cuando los inmigrantes indocumentados buscan atención médica asequible, generalmente son referidos a los CHC, que se centran principalmente en la atención preventiva y primaria. Sin embargo, es probable que los CHC enfrenten todos los desafíos que cualquier hospital está viendo actualmente, incluida la escasez de equipos de protección personal para los proveedores de atención médica. También están encontrando desafíos adicionales, incluido un aumento en la provisión de atención no compensada, escasez de médicos de atención primaria, disminución de fondos de Medicaid; y fondos federales a corto plazo programados para terminar en mayo de 2020. Como primer paso, la Ley CARES proporciona $ 1.3 mil millones para los CHC para pruebas y tratamiento de COVID-19 y un aumento de más de $ 2 mil millones para servicios generales para abordar los fondos federales programados para finalizar; pero eso no es suficiente. El Congreso debe proporcionar fondos adicionales para los CHC para atender a nuestras poblaciones más vulnerables.

Fondos del gobierno también deben priorizar ampliar los programas que han tenido éxito en desarrollar los promotores de salud, que sirven como puente para garantizar que las poblaciones vulnerables tengan acceso a servicios sociales y de salud. Los promotores de salud son reclutados de las comunidades con las que trabajan, posicionándolos con acceso a poblaciones que son difíciles de accesar y ayudando a garantizar que las personas se encuentren con un profundo sentido de comprensión y confianza cultural. Los promotores podrían ayudar a garantizar que las personas que contraen el virus se conecten con doctores virtualmente para recibir la atención que necesitan en el hogar y evitar que lleguen a una condición crítica. Para abordar COVID-19, los promotores deben estar equipados con capacitación sobre prevención y control de infecciones, así como con el equipo de protección para mantenerse a salvo.

Abordar la incapacidad de ponerse en cuarentena

Para las personas en familias indocumentadas que viven en hogares sobrepoblados o con varias otras familias, enfermarse representa una amenaza para el resto del hogar y puede generar inseguridad en la vivienda, especialmente cuando no hay espacio para que alguien que está enfermo esté en cuarentena en el hogar y otros en el hogar tienen que seguir trabajando. Al igual que se están desarrollando asociaciones entre hoteles y moteles privados, gobiernos estatales y locales, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para abordar la vulnerabilidad de la población sin hogar a COVID-19, estas asociaciones deben tener en cuenta condiciones de sobrepoblación en los hogares y la presencia de trabajadores esenciales en el hogar. Los formularios de admisión podrían solicitar información sobre las condiciones de vida de un paciente y conectar a las personas con los servicios necesarios en caso de que regresar a casa no sea la opción más segura.

Ayuda económica mensual

Todas las personas a quienes se les haya reducido sus ingresos como resultado de COVID-19 deben tener acceso a ayuda mensual durante esta crisis para cubrir el costo de los alimentos, el alojamiento y los servicios públicos sin importar el estatus migratorio, y esa ayuda debe tener en cuenta el costo promedio de esas necesidades básicas. Si el gobierno puede proporcionar subsidios para garantizar el cuidado de las corporaciones, también puede desarrollar un sistema que garantice el bienestar de su gente.

El efecto dominó de la exclusión

El impacto de las exclusiones de protecciones y socorro para enfrentar la pandemia de COVID-19 se extiende mucho más allá de los aproximadamente once millones de indocumentados y sus familias. También afecta a todos los trabajadores de primera línea que interactúan y cuidan a cualquier persona en la comunidad, independientemente del estado de inmigración, incluidos, entre otros, trabajadores de la salud, educadores y defensores. Los CHC, las escuelas y las organizaciones sin fines de lucro tienen la tarea de estar a la vanguardia para abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables, incluidas las familias inmigrantes indocumentadas y cuyos miembros tienen distinta situación migratoria.

Las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a comunidades indocumentadas han establecido rápidamente fondos para apoyar a sus comunidades y compilado los recursos disponibles. Por ejemplo, para apoyar el acceso a la atención médica para inmigrantes indocumentados, United We Dream compiló una lista de recursos de CHC por estado, y Hola Carolina en Carolina del Norte se asegura de que recursos de información con respecto a COVID-19 estén disponibles en español. Sin embargo, estas organizaciones no pueden satisfacer las demandas generadas por un gobierno que continúa jugando con la política de exclusión y división, incluso al abordar esta crisis.

Las escuelas y los distritos de todo el país han intentado cambiar rápidamente al aprendizaje virtual en un esfuerzo por continuar proporcionando rutina a los estudiantes y minimizar la interrupción del aprendizaje. Lo están haciendo a través de grandes desigualdades en la educación, algunas que se van a exacerbar a través de soluciones tecnológicas. También están respondiendo a las necesidades de sus estudiantes y familias con respecto al acceso a los recursos para abordar las dificultades económicas. Cuando el gobierno no incluye a las familias indocumentadas o cuyos miembros tienen distinta situación migratoria, ¿qué se supone que deben decirles a esas familias? Se apresuran a buscar y encontrar los recursos aplicables, donde tienen capacidad. Muchas escuelas en comunidades vulnerables que carecen de equipos de trabajo social y coordinadores de padres pueden tener dificultades con ese trabajo.

Además, la geografía influye enormemente en los recursos disponibles. Los defensores en estados como Nueva York y California con infraestructura existente como organizaciones de derechos civiles y de derechos de los inmigrantes que han estado luchando en nombre de los inmigrantes están en mejores condiciones de movilizarse por recursos y políticas que incluyen a su comunidad indocumentada. Están haciendo lo que pueden, muchos operan a capacidad cercana y sin una respuesta del gobierno federal, la tensión adicional de esta crisis puede resultar insoportable. Es precisamente en este momento que el gobierno federal tiene la obligación y la oportunidad de demostrar que puede unirse para cuidarnos a todos.

Reconociendo y apoyando el liderazgo que necesitamos

Este país siempre ha dependido de las contribuciones laborales de la comunidad indocumentada, y en este momento, dependemos especialmente de ellos y de su bienestar para nuestro sustento. Superar adecuadamente los desafíos actuales exige una respuesta colectiva que examina nuestros valores y reconoce la humanidad de todos y cuán interconectado está nuestro bienestar. Los líderes deben comprender que, al crear poblaciones vulnerables a través de la exclusión, están debilitando el tejido colectivo de la sociedad a través de la presión adicional sobre todos. Esto es visiblemente cierto en este momento debido al coronavirus; pero siempre es cierto. Para proteger nuestras comunidades, no tenemos más opción que ver la humanidad de todos, independientemente de su estatus migratorio. Yo no puedo estar bien si sé que mi vecino está viviendo en una situación tan desfavorable. Para aquellos de nosotros con el privilegio de pasar por este momento con un sentido continuo de seguridad, tenemos que aprovechar nuestra voz para exigir que el gobierno incluya a todos en las medidas de ayuda y protección. Si el gobierno continúa fallando en hacerlo, tendremos que ser los líderes desarrollando y contribuyendo a las estructuras que nos permitirán cuidarnos unos a otros y brindar una ayuda real durante esta crisis. Ese liderazgo ya se está viendo en todo el país: el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, se han asegurado de que las familias indocumentadas estén incluidas y sean elegibles para los beneficios por desastre de COVID-19 en sus ciudades. California estableció un fondo de ayuda para las familias indocumentadas que quedaron fuera del paquete de ayuda federal, y los educadores de San Francisco se solidarizan con las familias indocumentadas al prometerles un porcentaje de sus cheques de estímulo.

Organizaciones sin fines de lucro como el Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado de Nueva York, la Red UndocuBlack, Revolucionando Historias de Inmigrantes Asiáticos Americanos en la Costa Este, la Fundación Becas de Betancourt Macias Family, ImmSchools, y una colaboración de organizaciones de derechos de inmigrantes en Washington, entre otros, han creado sus fondos propios también. Necesitan el mayor apoyo posible, y usted puede ayudar haciendo una donación monetaria.

Un gran reconocimiento para Rosario Villarreal por su apoyo en hacer posible la versión en español de este informe. 

foto: Melanie Cervantes with Dignidad Rebelde.